Castilla y León defiende frente a España “la agricultura de regadío como uno de los motores de futuro de su medio rural, dada su capacidad para generar actividad económica y contribuir a fijar población”. Así consta literalmente en las alegaciones presentadas por esta comunidad, a través de su consejería de Agricultura,  al Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI), documento previo a la aprobación del próximo Plan Hidrológico del Duero 2028-2033.  

El contenido del texto aportado por Castilla y León para que España tenga en cuenta su posición frente al borrador del nuevo Plan Hidrológico del Duero, reivindica “la gestión del agua como un recurso estructural que contribuye a generar empleo, inversión, permite la incorporación de jóvenes al sector agrario, mejora la productividad e impulsa la industria agroalimentaria”

La próxima planificación hidrológica 2028-2033 es una oportunidad decisiva debiéndose, por tanto, evitarse “enfoques meramente restrictivos”.  

“La sostenibilidad de la cuenca no puede descansar sólo en reducir consumos y restringir los usos agrarios existentes, sino que debe apoyarse en la modernización del regadío, en una gestión eficiente del agua, en un incremento de la regulación, en nuevas infraestructuras y en ofrecer seguridad jurídica a los regantes, todo ello desde una triple sostenibilidad: económica, social y medioambiental”, se expresa en el escrito de alegaciones al borrador del PHD. 

• Castilla y León propone ampliar su regadío en 43.000 hectáreas

•  

• Rechaza el enfoque restrictivo del documento inicial, que reduce las dotaciones sin proponer alternativas adecuadas

•  

• Apuesta por un regadío sostenible que genere actividad económica, favorezca la incorporación de jóvenes y contribuya a fijar población

•  

• Reto importante para el nuevo gobierno de coalición PP-VOX recientemente constituido tras el pacto alcanzado por ambos partidos políticos

Déficit estructural 

Castilla y León cuenta con unas 550.000 hectáreas de regadío, el 15% de la superficie cultivable, por debajo de la media nacional (22,3%). A ello se une la menor capacidad de regulación de la cuenca del Duero, que apenas alcanza el 30%, frente a otras grandes cuencas como el Ebro (50%) o el Tajo (90%).   

Ante este escenario, Castilla y León solicita a España que el nuevo PHD contemple el desarrollo de nuevos regadíos. En concreto, se propone incorporar en la planificación más de 43.000 hectáreas nuevas de regadío, en las siguientes zonas:  

• Sectores Cea-Carrión: 1.500 ha. 
• Armuña: 24.000 ha (teniendo en cuenta el incremento de regulación ya previsto en el Plan).
• Valduerna: 3.100 ha.
• Arandilla: 1.200 ha.
• Alaraz: 315 ha.
• Lastras de Cuéllar: 6.000 ha.
• Bombeo Araviana (Tajahuerte) 400 ha.
• Zona regable de la margen izquierda del Tera 6.463 ha.
• Valdavia 600 ha.  

El futuro de las aguas subterráneas 

El documento de alegaciones se opone a las restricciones generalizadas a concesiones, renovaciones o modificaciones de características en los aprovechamientos de aguas subterráneas. En su lugar, se pide una evaluación individualizada, basada en criterios técnicos, y que no se apliquen reducciones automáticas del 10-25% cuando se realiza un cambio de la concesión.  

Igualmente, se llama la atención sobre el enfoque restrictivo del EPTI que plantea denegar la novación de concesiones y que, según el propio documento, implicaría el paso a secano de 32.000 hectáreas y un coste para el sector de 17,8 M€ al año, con el posible abandono de más de 3.000 explotaciones.  

Por el contrario, Castilla y León propone la sustitución progresiva de recursos subterráneos por superficiales y la constitución de una Mesa de Trabajo entre las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para consensuar y planificar el funcionamiento de estos regadíos.  

Seguridad jurídica para los regantes 

También se reclama seguridad para los regadíos modernizados. Los ahorros derivados de estas actuaciones no deben traducirse automáticamente en recortes de derechos de agua, sino que deben entenderse como una herramienta de eficiencia. 

En relación con la contaminación difusa, se pide que las medidas se apliquen únicamente sobre las masas de agua con afección acreditada y que se prioricen herramientas de gestión agronómica como SATIVUM, desarrollada por el ITACyL y cuyo módulo de dosificación de fertilizantes es de referencia nacional.  

Finalmente, se reclama una gobernanza eficaz con compromisos presupuestarios verificables, calendarios obligados de ejecución, seguimiento y rendición de cuentas, agilización y coordinación administrativa. También se pide que los nuevos usos industriales o energéticos vinculados a renovables no perjudiquen la garantía de los usos agrarios existentes.  

En 2022, el Consejo del Agua del Duero rechazó el proyecto de Plan Hidrológico por 42 votos en contra y 34 a favor. Pese a la oposición de Castilla y León y los regantes, el Plan se aprobó finalmente por Real Decreto en enero de 2023 con la aplicación de nuevas restricciones y sin que se hayan ejecutado muchas de las inversiones previstas. 

Este es uno de los retos del nuevo responsable -de la parte de VOX- de la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, en el nuevo gobierno de coalición de Castilla y León formado entre PP y VOX, bajo la presidencia de Alfonso Fernández Mañueco y cuyo consejero es Joaquín Antonio Pino. Estos problemas los debe conocer bien porque ha sido vicepresidente de ASAJA CyL, entre 2021 y 2025.