Dos de los sindicatos agrarios, representativos de los intereses de los autónomos de la agricultura en Castilla y León, denuncian y alertan sobre las repercusiones y efectos negativos en las prestaciones de la Seguridad Social si, con motivo del nuevo sistema de cotización, cambian de base de cotización en 2025 a una base más baja, recomendando que mantengan la base de cotización de 2022. 

Cabe recordar el peso de los agricultores autónomos en Castilla y León en la economía regional, que constituyen el 61% de los trabajadores de la agricultura, frente al 25% en el mismo sector a nivel nacional.

UCCL denuncia las repercusiones negativas en las prestaciones de la Seguridad Social y critican la falta de transparencia y la falta de información detallada y veraz

UCCL, ante la campaña de regularización de las bases de cotización de los autónomos agrarios, pide que la rectifique, pues se podrían recortar las prestaciones entre un 32% y un 44%.

La organización profesional agraria demanda una rectificación en la campaña que la Seguridad Social está llevando a cabo para regularizar las bases y cuotas de cotización de 2023 de los agricultores profesionales que ya estaba de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos [RETA] de la Seguridad Social.

La citada organización alerta de que, de proceder a la regularización, los profesionales agrarios de alta en el RETA antes del 1 de enero de 2023, sufrirán recortes en las prestaciones sociales de un 32%, de forma inmediata a las incapacidades temporales, a medio plazo a las de viudedad, y a largo plazo a las incapacidades permanentes y jubilación; unas caídas que aún acusará más —un 44 %— a los que están dados de alta en el RETA después del 1 de enero del 2023.

En la misma línea, pide que se informe detalladamente a cada persona afectada de la caída en las prestaciones sociales si no mantienen la base de cotización que tenía a 31 de diciembre de 2022, a la vez que se alargue tres meses —hasta el 30 de abril— la finalización de la regularización de 2023 para disponer de tiempo suficiente para difundir e informar sobre los efectos y derechos sobre las prestaciones sociales de las personas afectadas.

• UCCL Critica que la Seguridad Social no informe de las reducciones y sólo lo haga una vez iniciado el proceso, sin dar apenas detalles

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• UCCL recomienda a todos los profesionales afectados por la regularización, que opte por mantener la base de cotización que tenía en el RETA en 2022 ya que, mientras no se resuelva la nefasta situación generada, no podrá volver atrás ni, por tanto, recuperar las prestaciones sociales a cargo de la Seguridad Social que tiene a día de hoy

Este sindicato agrario, que ya advirtió de las significativas caídas de las prestaciones sociales a raíz de la aprobación, en julio de 2022, del Real Decreto-ley 13/2022 y de la posterior convalidación por parte del Congreso, en agosto del 2022, denuncia que el Gobierno y el PSOE faltaron a su compromiso de resolver esta situación.

En este sentido, dejarán a la inmensa mayoría los profesionales agrarios en una pésima situación económica, a pesar de que en el 2008 se integraban en el RETA, en teoría, para mejorar las prestaciones, aunque supusiera tener que incrementar sus cotizaciones.

Por último, UCCL critica que la Seguridad Social solo informa de estas reducciones durante la tramitación telemática una vez empezado a completar el proceso y, ni mucho menos, explica todos los detalles concretos de ese recorte.

La organización recomienda a todos los profesionales afectados por la regularización, que opte por mantener la base de cotización que tenía en el RETA en 2022 ya que, mientras no se resuelva la nefasta situación generada, no podrá volver atrás ni, por tanto, recuperar las prestaciones sociales a cargo de la Seguridad Social que tiene a día de hoy.

ASAJA Castilla y León, igualmente, advierte de las repercusiones en las prestacones sociales si el agricultor reduce su base de cotización en el nuevo sistema de cotización del RETA

Por su parte, ASAJA Castilla y León, igualmente, ha advertido de las repercusiones que para el agricultor tiene en sus prestaciones sociales reducir su base de cotización en el nuevo sistema de cotización para trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se incluye los del sector agrario. Hay que tener en cuenta el peso que este sistema de cotización tiene en el campo de la comunidad autónoma: en Castilla y León los autónomos en el sector son el 61% de los cotizantes agrarios, frente al 25% nacional.

En enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se incluyen los del sector agrario. El nuevo sistema no permite al autónomo elegir su base de cotización, como se venía haciendo, sino que le obliga a elegir cada año una base mensual, que tiene un carácter provisional hasta que se proceda a su regularización anual según los rendimientos de su actividad. Rendimientos que en el caso del sector agropecuario fluctúan mucho cada año, al depender de variables incontrolables como la meteorología o los mercados internacionales.

La regularización del año 2023 se ha comenzado a finales del año 2024 y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está notificando ahora a los autónomos si la cuota que pagaron en el año 2023 se ajusta o no a sus rendimientos netos según lo declarado en el IRPF de ese año. Si la cuota fue mayor se le devolverá lo que corresponda, y si fue inferior deberá pagar.

ASAJA, como conocedora de las notificaciones que se han realizado a una gran parte de los profesionales del sector, ha comprobado que la mayoría de las notificaciones son porque la cuota que han pagado es mayor de lo que les corresponde según sus rendimientos netos minorados del ejercicio 2023.

• En Castilla y León, los autónomos de la agricultura son el 61% de los cotizantes agrarios,  frente al 25% nacional

Esto implica que el agricultor o ganadero va a cotizar por una base de cotización inferior a la que podría desear y que, en la mayoría de los supuestos, supone una base muy inferior a la base mínima de cotización del régimen general.

Si bien a simple vista esto podría suponer una ventaja para el autónomo al cotizar menos, esto no es así. ya que estos trabajadores autónomos verán recortadas sus prestaciones sociales tanto en el corto plazo (en caso de bajas o permisos por IT, IP, maternidad o paternidad y riesgo durante el embarazo), como en el largo (Jubilación).

Por ello, desde ASAJA consideramos que se debería revisar el sistema, teniendo en cuenta a la hora de su negociación a los representantes de las organizaciones agrarias conocedoras de las especificidades del sector, puesto que, en una Comunidad como la nuestra donde las explotaciones son más pequeñas y muy profesionalizadas, los tramos de cotización van a quedar encuadrados en los 3 primeros, cuyas bases de cotización están muy alejadas de la base mínima del régimen general, dando lugar, como hemos señalado anteriormente, a un grave perjuicio para estos profesionales y un paso atrás con respecto al año 2007, cuando se integró el régimen especial agrario de trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de Autónomos, a través del cual los agricultores y ganaderos cotizaban más y tenían mayores prestaciones.

El autónomo del campo quiere seguir, como hasta ahora, pudiendo elegir aumentar su base de cotización, sobre todo aquellos años que sus rendimientos estén por debajo de los habituales, frecuente por las causas antes mencionadas. Además, la opción de poder cotizar por una base superior permitida por la normativa sólo para aquellos agricultores que en el 2022 tenían ya una base de cotización superior, no es suficiente, pues no llega al resto de los profesionales que en esa fecha no la tenían incrementada y, además, esa base se mantiene fija en el tiempo y no se permite su revalorización anual, lo que conllevará una desactualización de las prestaciones.

En cualquier caso, los autónomos del sector agrario de nuestra comunidad (que suponen el 61% de los cotizantes del sector en Castilla y León frente al 25% nacional), no deberían tener en ningún caso prestaciones inferiores a las que supondrían cotizar por el SMI, y si sus rendimientos anuales no les permiten cotizar por ese tramo deberían recibir el apoyo necesario para cotizar en el tramo mínimo de ese nivel.