Hemos trasladado en reiteradas ocasiones los manifiestos del sector tanto a la Subdelegación del Gobierno en Burgos como a la Junta de Castilla y León. Sin embargo, no hemos obtenido ninguna respuesta por parte de estas administraciones, a pesar de que dichos documentos fueron debidamente registrados.
Es preocupante observar que la mayoría de las 43 medidas anunciadas son, en su mayoría, simples prórrogas, muchas de las cuales permanecen sin resolverse. Un ejemplo evidente es el cuaderno digital, cuya obligatoriedad completa está prevista para septiembre de 2026, a pesar de que el sector se opone firmemente a su implementación.
Por otro lado, el ministro no ha cumplido con su promesa más destacada: la inclusión de las cláusulas espejo. En lugar de ello, ha firmado el acuerdo de Mercosur, una medida que cuenta con el rechazo unánime del sector primario europeo. Este acuerdo supone una competencia desleal por parte del enorme mercado sudamericano, mientras que en Europa continuamos soportando nuevas y sofocantes regulaciones. Permitirá la entrada de carne y cereales que no cumplen con las normativas europeas, lo que no solo pone en riesgo al sector, sino también la salud de los consumidores, al carecer de garantías de calidad y seguridad.
Asimismo, la Ley de la Cadena Alimentaria, cuyo objetivo es evitar que agricultores y ganaderos operen a pérdidas, sigue sin aplicarse años después de su promulgación.
Tampoco contribuye a la situación el llamado Pacto Verde, especialmente con la estrategia "De la granja a la mesa". Esta iniciativa propone reducir a la mitad el uso de fitosanitarios y fertilizantes, lo que disminuirá aún más la productividad de nuestras explotaciones agrícolas.
Por si fuera poco, no existe una respuesta clara frente a la amenaza de los fondos de inversión en energías renovables. Estos, con la permisividad del gobierno, siguen quitando explotaciones agrícolas y ganaderas.
Lasinstalaciones fotovoltaicas y de aerogeneradores continúan siendo priorizadas como bienes de interés público, lo que permite la expropiación forzosa de los terrenos cuyos propietarios se nieguen a alquilarlos.
Por todo lo anterior, y muchas otras razones que exceden lo que puede expresarse en este manifiesto, nos vemos obligados a convocar nuevamente movilizaciones, cuyos detalles daremos a conocer en los próximos días. Iniciaremos también un proceso de negociación con la Unidad de acción surgida del pacto de mazuelo y las plataformas de consumidores, ya que ellos también se ven afectados por esta problemática.
Tampoco pedimos tanto, solo rentabilidad y respeto para nuestras explotaciones.