De nuevo el ´papanatismo localista´ vuelve a emerger en Castilla y León. Ese movimiento disolvente que surge entre dos banderías, en este caso, entre los ganaderos de porcino y los bodegueros de la Ribera del Duero, que desemboca en un conflicto estúpido, absurdo y, sobre todo, estéril y perjudicial solamente para la economía de la comunidad, dada la importancia económica de ambos sectores. Quien puede resolverlo está permitiendo que el enfrentamiento crezca, escondido debajo del ala cual avestruz, a ver si el tiempo, la suerte o un milagro lo resuelva. Sin duda, ambas partes tienen sus razones y motivos, porque es irrefutable que ambos productores son muy importantes en la Economía de Castilla y león del siglo XXI. ¿La solución será, como en otras ocasiones, la inacción y el papanatismo?

Castilla y León se ha convertido en el escenario de un creciente debate por el uso del territorio entre 2 gigantes de la agroalimentación: la industria porcina y la Denominación de Origen Ribera del Duero. Mientras las bodegas presumen de haber cerrado 2025 rozando su récord de ventas con 92,5 millones de botellas, el sector porcino demuestra un peso económico indiscutible: 4.323 granjas en la región, 3,8 millones de cabezas de ganado y una producción que supera los 1.300 millones de euros anuales.

La tensión ha escalado recientemente a raíz de la luz verde a la ampliación de una granja en la localiadad burgalesa de San Juan del Monte, que pasará de 1.999 a 5.116 cerdos, y la reactivación de un expediente en Gumiel de Mercado, también en la provincia de Burgos, para una granja de 6.000 cabezas. Desde el Consejo Regulador de Ribera del Duero han levantado la voz acusando a la ganadería de amenazar su negocio del enoturismo y los cultivos a medio plazo por los olores y la supuesta filtración de purines a los acuíferos.

Además de tildar de «fallo regulatorio» el decreto que simplificó los trámites ambientales para las granjas de menor tamaño, los bodegueros exigen ahora que se establezcan distancias mínimas obligatorias entre las instalaciones porcinas y sus viñedos.

Ante estas demandas, la respuesta de la Federación de Asociaciones de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León ha sido clara y contundente. Su presidente, Miguel Ángel Ortiz, denuncia que los bodegueros pretenden «monopolizar el territorio» y rechaza de plano la exigencia de fijar distancias mínimas frente a los viñedos. Ortiz aclara que el sector ganadero siempre está dispuesto a dialogar y reconoce que a ambas partes les interesa mantener distancias entre bodegas y granjas por motivos de estricta bioseguridad, pero advierte que no cederán ante limitaciones arbitrarias sobre las plantaciones.

Lejos de ser una amenaza, el porcino es un pilar fundamental. Desde la asociación recuerdan que nuestra industria aporta el triple de Producto Interior Bruto y de empleo que el sector vitivinícola en la región. Además, el 80% de las granjas están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, inyectando riqueza y trabajo en las zonas más desfavorecidas.

Frente a las críticas medioambientales, el sector saca pecho recordando que es «el más regulado del mundo», sujeto a normativas europeas muy restrictivas que dictan condiciones estrictas de agua, luz, acceso y gestión. Asimismo, se ha reivindicado el valor de los purines como un abono orgánico «excelente». Como resume el presidente de Feporcyl, ambos sectores son necesarios, pero advierte: «no puede ser que haya normas para echarnos del territorio» cuando el porcino aún tiene una gran capacidad de crecimiento.

Desde el ámbito local también se buscan puntos de equilibrio. Pedro Gómez, alcalde de Gumiel de Mercado, apuesta por exigir a las instalaciones pero con flexibilidad. Gómez reconoce que realizar vertidos incontrolados perjudica en primer lugar al propio ganadero y es sancionable, pero destaca que el panorama está cambiando positivamente: la creciente demanda de purines por parte de las plantas de biogás está minimizando notablemente los problemas de olores y contaminación.

Para el regidor, el futuro pasa por ordenanzas municipales minuciosas y sanciones para quienes incumplan, asegurando que «todo es compatible y asumible si hay normativas» y apelando al sentido común para proteger el derecho a un aire limpio sin frenar el motor económico que representan nuestras granjas.

Cabe recordar que los bodegueros de Ribera del Duero, a través del Consejo Regulador, han acusado a las granjas de porcino de:

• amenazar el negocio del enoturismo
• perjudicar los cultivos a medio plazo
• generar olores
• provocar supuestas filtraciones de purines a los acuíferos

Además, han calificado como un “fallo regulatorio” el decreto que simplificó los trámites ambientales para las granjas de menor tamaño y han pedido que se establezcan distancias mínimas obligatorias entre las instalaciones porcinas y los viñedos.